El entierro del obrero Gonzalo Ruiz, asesinado por la Guardia Civil, congregó a miles de personas en Reinosa.
Se cumplen 30 años de la muerte de Gonzalo Ruiz, víctima de la indiscriminada y brutal actuación que la Guardia Civil desplegó contra la población el día de Jueves Santo de 1987.
[De este modo se hizo la así llamada Reconversión industrial en el marco de la tramposa Transición siendo Felipe González presidente del Gobierno y su control absoluto de la situación al servicio del capital transnacional y de las fuerzas fácticas españolas en su empeño de desindustrializar el país para convertirlo en un chiringuito para turistas del norte atendido por camareros y prostitutas locales. Se vendía la burra de la “reconversión”, es decir, convertir las industrias desmanteladas en otro tipo industrias para recolocar a los obreros despedidos. Fue una mentira más. No se hizo nada de eso; de ahí que España sea hoy un país sin apenas industria como veremos en la entrega siguiente.]
Crónica de una lucha por el empleo: Reinosa 1987
El Gobierno de Felipe González se negó a negociar una solución a los continuos despidos y como respuesta a las movilizaciones tomó la ciudad por la fuerza. Los enfrentamientos con Guardia Civil provocaron decenas de heridos y acabaron con la vida de Gonzalo Ruiz a manos de los agentes de la Benemérita.
Fuente: Desmemoriados.org (eldiario.es).
No fue suficiente la alarmante caída de empleo que venía sufriendo la comarca de Campoo desde hacía tiempo. El censo de población había disminuido en los últimos años en unas 2.000 personas; por estas fechas se registraba un 24% de paro sobre la población activa (el 80% personas menores de 29 años); Forjas y Aceros de Reinosa pasó de 2.600 trabajadores en 1977 a 1.760 en enero de 1987, CENEMESA tenía 540 trabajadores en 1975 quedando en enero de 1987 en 390 y Farga Casanova no se escapó de importantes reducciones de plantilla.
El 22 de diciembre de 1986, la plantilla de CENEMESA realizó una huelga general masiva, tras un mes de movilizaciones. Todo ello con un escaso seguimiento informativo. Tampoco fue suficiente.
Gonzalo Ruiz, obrero de Forjas y Aceros de Reinosa, murió el 6 de mayo de 1987 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, después de 20 días de hospitalización, víctima de la indiscriminada y brutal actuación que la Guardia Civil desplegó contra la población el día de Jueves Santo de aquel año.
Días después llegó a la sede comarcal de CCOO un sobre que contenía la carta que reproducimos, acompañada de cuatro panfletos escritos con plantillas de letras para rotular. La autoría del envío, dirigido al secretario local, era asumida por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), cuyo carácter clandestino queda explícitamente reseñado por el propio emisor en la primera línea de la carta. A esta condición se añade la de estar perseguido por lo que constituyen los principios rectores de esta organización: la desmilitarización del cuerpo y la libertad de sindicación, entendidos como derechos constitucionales.
El texto se articula a partir de tres ideas. La primera, manifestar su sentimiento de pesar por la muerte de Gonzalo Ruiz, señalando a los responsables últimos de que esto sucediera: los mandos de la Guardia Civil, su director general, Luis Roldán, y el Gobierno, entonces del PSOE. La segunda era publicitar la reivindicación de sus derechos “constitucionales”. Y por último, manifestar su solidaridad con los trabajadores de Reinosa, que únicamente pedían “el mantenimiento de su puesto de trabajo”.
[A la cabeza del Gobierno estaba Felipe González y Luis Roldán, de la Guardia civil. Ambos salieron de rositas de los hechos de Reinosa. El último acabaría en la cárcel por corrupción, fenómeno que, junto con el GAL (terrorismo de Estado), sería las causa de la derrota electoral socialista más adelante.]
La carta está fechada el 6 de abril, lo cual constituye una errata. La muerte de Gonzalo Ruiz no se produjo hasta un mes más tarde. Además, en el mismo texto se citan otros hechos también posteriores a esa fecha. “Llegó el señor Roldán de UGT, nos enfrentó con nuestro pueblo en Riaño, en Reinosa y ahora en la cuenca minera de León”. El enfrentamiento señalado de Reinosa sucedió el 16 de abril y hasta los días 28 y 29 de abril no tuvieron lugar los enfrentamientos de la Guardia Civil con los mineros de antracita del Bierzo.
La minería leonesa y Barrionuevo.
[Años después pagaría en prisión su implicación en los GAL y en el manejo ilegal de los fondos reservados del Estado]
En el caso de los cerca de 6.500 trabajadores de la antracita de la cuenca minera leonesa, sostuvieron en la primavera de 1987 un durísimo conflicto con la patronal del sector, en su mayor parte pequeños empresarios (popularmente conocidos como chamiceros), durante la negociación del convenio colectivo provincial.
Las condiciones de trabajo en las minas del Bierzo presentaban una serie de particularidades que las hacía ser especialmente penosas: una elevadísima siniestralidad laboral, pérdida acelerada de puestos de trabajo, temporalidad creciente, una estructura salarial en la que el destajo suponía una porción muy importante, devengada habitualmente fuera de nómina, unas instalaciones con frecuencia inadecuadas y en mal estado, etcétera.
Los trabajadores utilizaron variadas medidas de presión: huelgas, manifestaciones, encierros, cortes de carreteras y de vías férreas o piquetes, por ejemplo. Los enfrentamientos con la Guardia Civil llegaron a ser durísimos, especialmente los que tuvieron lugar en Bembibre entre el 28 y el 29 de abril, que se prolongaron durante más de diez horas y que dejaron un balance de cinco heridos y 30 detenidos.
Los incidentes que rodearon la fase de desalojo de los vecinos y destrucción de las edificaciones en los pueblos que fueron anegados por el pantano de Riaño se habían iniciado en el otoño de 1986. El Gobierno del PSOE reactivó el proyectó cuyas obras comenzaron en 1965 y lo condujo hasta su ejecución final sin que en ningún momento le temblara el pulso.
Para vencer la resistencia de vecinos y ecologistas y proteger el derribo de casas, el pueblo llegó a ser materialmente ocupado por la Guardia Civil en distintos momentos. Se registraron violentas cargas, lanzamientos de pelotas de goma, gases lacrimógenos y botes de humo contra quienes, habitualmente desde los tejados, se oponían a la demolición de las viviendas, además de múltiples detenciones, restricciones a la libre circulación, etcétera. Finalmente, el 31 de diciembre de 1987 terminaron todas las operaciones preparatorias y comenzó la inundación del valle.
Desde la perspectiva actual, los argumentos utilizados por el Gobierno y los defensores de relanzar la obra del pantano han sido refutados por los hechos: ni con mucho se han alcanzado las miles de hectáreas de regadío planteadas, ni la producción de energía eléctrica llega a lo previsto.
Negada la rentabilidad económica, en sentido contrario, desde 2015 la obra se inscribe en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental como causante de graves perjuicios sociales y ecológicos. La hipótesis de la reactivación del proyecto del pantano como compensación por el abandono de la construcción de la central nuclear de Lemóniz no ha perdido vigencia.
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Retomando el hilo de los documentos, el mensaje se completaba con los panfletos que le acompañaban. El primero de ellos contiene unas instrucciones. Va dirigido a los “CAMARADAS DE COMISIONES OBRERAS” y les ruegan que den la carta a la familia de Gonzalo Ruiz y que distribuyan “1.000 COPIAS DE (el panfleto) HA LLEGADO EL MOMENTO”.
Este documento, por una cara es una composición fotocopiada que recuerda la portada de algunos fanzines de la época, en el que, inmerso en una gran amalgama de mensajes, se ve a un Guardia Civil maniatado, custodiado por dos encapuchados que en sendos carteles los nombra como “El Gobierno” y el “Poder Judicial-Código de Justicia Militar”. Como subtítulo figura: “La democracia se ha quedado a la puerta de los cuartelillos. Barrionuevo debe dimitir”.
El tercero de los impresos recoge sus reivindicaciones que “exigen al pueblo español: un director general democrático, la desmilitarización total y que se aplique a la Guardia Civil la Ley 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad.”
El cuarto de los documentos que acompañan a la carta, y que está firmado por el Comité Ejecutivo del País Vasco, tiene un formato y unos destinatarios diferentes. Va dirigido a los propios guardias civiles a los que pide que se afilien al SUGC para luchar por equipararse con las demás F.O.P. (Fuerzas de Orden Público) y dejar de estar sujetos al régimen disciplinario militar que “elimina drásticamente” sus derechos más elementales.
El SUGC se creó hacia 1983, cuando varios colectivos de Guardias Civiles, alentados por la legalización de los sindicatos policiales y por expectativas de que una futura Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad decretara la desmilitarización del Cuerpo, decidieron formar un sindicato. Cuando la Ley entró en vigor, en febrero de 1986, no solo no se desmilitarizó sino que se prohibió explícitamente a sus miembros el derecho de sindicación y se declaró delito de sedición hacer declaraciones públicas sobre asuntos internos y acudir a reuniones clandestinas.
Los sindicalistas reivindicaban por un lado la desmilitarización, el nombramiento de un civil al frente de la Dirección General y la no aplicación del Código de Justicia Militar y, por otro, mejores condiciones laborales, incluyendo la jornada de ocho horas y el mes de descanso.
Además reclamaban una auditoria de la mutua interna y la creación de un comité anticorrupción dentro del cuerpo. Por lo constatado posteriormente, muy desencaminados no andaban. A partir de este momento, se produjo la detención, encarcelamiento y expulsión del cuerpo de sus dirigentes. Las apariciones que tuvieron en los medios de comunicación, sus reclamaciones y críticas al modelo militar del cuerpo y las acusaciones a mandos significados y la Dirección (Casinello, Cereceda, el propio Roldán…), parecieron decidir al Gobierno a promover su desarticulación.
Todavía en julio del año pasado se hizo pública una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la que se confirmó la negativa del derecho de libre sindicación de los cuerpos, como la Guardia Civil, sometidos a la disciplina militar. Para ello hacían valer la reserva española al artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950), suscrito tardíamente por España en noviembre de 1977, en la que se reconoce el “derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”.
En el punto dos de dicho artículo se explicita que “El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado”. Queda claro que hay quien sí se lee lo que firma.
En 1994 se constituyó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización más representativa dentro del instituto armado que trabaja por la defensa de los intereses de los guardias civiles, aunque sin estar legalizada formalmente como sindicato.
De hecho, en su decálogo de objetivos reivindica el acceso al derecho de sindicación, el derecho a la tutela judicial efectiva (sin la subordinación a la jurisdicción militar), un nuevo modelo policial, la aplicación efectiva de las políticas de igualdad o la mejora de las condiciones laborales y salariales.
El caso del director Enrique Antolín.
El 9 de marzo la prensa se hacía eco de la noticia: Enrique Antolín dejaba la empresa para pasar a ser consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. El 11 de marzo, Enrique Antolín se presentó en la factoría de Reinosa para recoger sus pertenencias y dar una comida de despedida a sus colaboradores; parece ser que quería incluir al Comité de Empresa. Era la víspera de su toma de posesión en Ajuria Enea.
Cuando los trabajadores concentrados en la fábrica se enteraron, exigieron al presidente su comparecencia para dar explicaciones, y su negativa a hablar –afirmó no tener ya responsabilidades–, exacerbó a los empleados, que se acercaron amenazantes donde se encontraba Antolín, su equipo directivo y el Comité de Empresa.
Vista la situación –expediente adelante, presidente a la fuga y trabajadores a por todas– el Comité de Empresa decidió retener al hasta entonces presidente y a su equipo y, ante la presión de los trabajadores y previendo lo que se les venía encima, decidieron trasladarse al ‘bunker’ (este edificio se denomina así porque en él se realizan las pruebas de radiación o presión), donde se encerraron todos juntos (presidente, directivos y Comité de Empresa) para tener una baza con la que poder negociar. No se permitiría su salida, como medida de presión, hasta después de la hora en que debía jurar su cargo en Ajuria Enea.
La tensión se palpaba en el ambiente, la situación era insostenible y los miembros del Comité de Empresa eran conscientes de que aquello no podía acabar bien. Aun así continuaron con la situación, manteniendo abiertas las vías de negociación hasta que miembros especializados de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil, por orden del delegado del Gobierno, Antonio Pallarés, liberaron a los retenidos.
Eran las 8.30 horas (previamente, sobre las cuatro de la madrugada, la Guardia Civil cortó la comunicación telefónica, algo que nunca se ha reconocido) cuando los grupos especiales de la Benemérita irrumpían con violencia desmesurada para liberar a Antolín. Los miembros del Comité de Empresa se salvaron porque todos –Antolín, colaboradores y sindicalistas– estaban mezclados, no pudiendo los asaltantes actuar “a gusto”. Pues bien, todo esto no fue suficiente.
Después de que Antolín fuera liberado y sacado de Reinosa, la Guardia Civil entró en las instalaciones de la fábrica a base de lanzamiento de gran cantidad de botes de humo y pelotas de goma, cargando violentamente contra los trabajadores hasta que estos, pasada la sorpresa inicial, lograron hacerles frente. Según el ministro del Interior, José Barrionuevo, participaron cuatro miembros de la unidad especial de intervención de la Guardia Civil para la liberación de Antolín y 321 guardias civiles para dispersar a los obreros concentrados en la factoría.
Toda una ciudad en pie
En estos momentos el conflicto salía de la fábrica y se ampliaba a la ciudad. Las emisoras locales, la sirena de la fábrica (conectada por los trabajadores) y el boca a boca difundieron por toda Reinosa la gravedad de lo ocurrido. Se suspendieron las clases y los estudiantes se trasladaron al parque de Cupido. Allí, de nuevo, la Guardia Civil arremetió contra todos. Previamente, gran parte de la población se había concentrado ante la factoría. Por la tarde el cierre se extendería al comercio.
El apaleamiento, por varios guardias civiles, del presidente del Comité de Empresa de la Farga Casanova encendió aún más los ánimos. Los enfrentamientos fueron durísimos. La descoordinación y desconocimiento del terreno de la Guardia Civil (abandonados por los grupos especiales) y el empuje de la población hicieron que un grupo de agentes quedaran acorralados en un callejón, donde fueron apedreados por la multitud (unas obras en el parque de Cupido surtieron a la población de munición). Las imágenes de su ‘rendición’ dieron la vuelta al mundo. Solo la intervención de representantes de los trabajadores impidió males mayores.
El balance final, tras más de cuatro horas de enfrentamientos, fue de alrededor de 60 heridos, unos 30 atendidos en el Hospital de Valdecilla –varios graves– entre vecinos y guardias civiles (destacar que varios guardias heridos fueron trasladados al ambulatorio por vecinos y trabajadores, lo que no ocurrió en el caso contrario).
La prensa en general, el Gobierno central y el PSC-PSOE cargaron contra la actuación de los trabajadores y ciudadanos de Reinosa. El delegado del Gobierno calificó el comportamiento de la Guardia Civil como “impecable” e incluso “encomiable”. Se nombró un fiscal especial para estudiar las actuaciones del pueblo de Reinosa, pero nada se hizo por investigar los excesos de las fuerzas de orden público.
A pesar de todo, la presión social por una parte, y la búsqueda de una cabeza de turco, por la otra, provocó que, el 30 de marzo, fuese destituido el teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria.
Represión y ausencia de diálogo
Tras todo esto, en Reinosa continuaron las movilizaciones, los expedientes de CENEMESA y Forjas seguían en activo, las soluciones no llegaban por ningún lado. A iniciativa de CENEMESA, se realizaron caravanas informativas por toda Cantabria explicando la situación.
Los apoyos fueron llegando de toda la comunidad, que también sufría los graves efectos de la reconversión (con despidos en las fábricas de CUNOSA y FYESA, entre otros). La reacción del Gobierno central fue dar al Ministerio del Interior el protagonismo, apartando a los ministerios de Industria y Trabajo.
La paralización del Talgo Santander-Madrid y los cortes de carreteras determinaron que el día 31 de marzo hicieran acto de presencia en Reinosa unos 1.300 antidisturbios de la Guardia Civil, acompañados de todo tipo de vehículos.
Tras instalarse en el cuartel de Reinosa y alrededores se dedicaron a proteger las proximidades de la estación del ferrocarril de posibles interrupciones y a patrullar por la ciudad en sus tanquetas y demás vehículos, en lo que constituyó una demostración de control absoluto no exenta, además, de provocaciones.
En asamblea se decidió que no se atendería a las fuerzas de orden público en Reinosa, haciéndoles el vacío en bares y otros establecimientos. Finalmente se acomodarían en instalaciones hoteleras y balnearios como el de Corconte y Las Caldas del Besaya, fuera de la ciudad, aislados de la población. El día 1, el Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, por unanimidad, solicitó su retirada.
Por su parte, en lo que puede considerarse una muestra de atribución impropia de funciones, cuando no directamente una coacción, el teniente coronel al mando del operativo de la Guardia Civil convocó a una reunión a los miembros de los Comités de Empresa y a los directores de las emisoras de radio locales, instándoles a una información “más benevolente que objetiva”, según publicó El País.
Enfrentamientos y protestas multitudinarias
El sábado 4 de abril, tras las concentraciones habituales y el paso del Talgo, se produjeron los primeros enfrentamientos desde la llegada de los Grupos de Acción Rápida (GAR) a Reinosa. La violencia escalaba de nuevo: cuantiosos heridos y daños materiales en viviendas, comercios y vehículos. La comparación con la represión en Chile dio lugar al famoso grito popular “Pallarés-Pinochet” con el que el delegado del Gobierno pasaría a la historia.
Al día siguiente, unas 2.000 personas se concentraron en la Plaza Mayor denunciando la actuación de la Guardia Civil. Nuevos enfrentamientos con los vecinos se sucedieron durante más de tres horas. El balance del día arrojó 15 heridos. Los Comités de Empresa de Forjas y CENEMESA insistían en la negociación y el Gobierno en reprimir, por lo que, ante esta situación, se decidió el mantenimiento de las movilizaciones.
Cantabria estaba paralizada: movilizaciones, huelgas del transporte y de los ganaderos la dejaron incomunicada con el exterior. Una manifestación en Santander contra el desmantelamiento industrial y en solidaridad con Reinosa, CUNOSA y FYESA, congregó a más de 20.000 personas.
El día 13, la Asamblea de Cantabria (con la oposición del PSOE) pidió la urgente reindustrialización de la comunidad autónoma y la destitución del ministro del Interior, José Barrionuevo; el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Antonio Pallarés.
[Con el paso de los años Barrionuevo y Roldán acabaron en prisión ya fuera por la corrupción y / o el terrorismo del GAL. Felipe González, al parecer de muchos el Señor X, es decir, quien estaba en la cúpulo del terrorismo de Estado, acompañó al secretario de Estado para la Seguridad Vera y el ministro de Interior Barrionuevo hasta la puerta de la cárcel tras ser condenados por su actuación en el GAL que asesinó a más de 30 personas mientras actuó financiado por los fondos reservados. Otro ministro socialista del Interior se hizo famoso por su patada en la puerta utilizada para entrar en los domicilios. Roldán, a cuyo cargo estaba la Guardia Civil, también acabó preso por corrupción tras su estrambótica fuga al sudeste asiático.]
El Gobierno y los medios de comunicación empezaban a temer la extensión de lo que se denominó “síndrome Reinosa”, pero no ya solo por Cantabria, sino también a nivel estatal. El programa de TVE Informe Semanal que se emitió esos días fue calificado por el Comité de Empresa de CENEMESA de “bazofia de confusión y provocación”.
Estado de excepción
El día 15, la relativa calma que se había instalado se rompió definitivamente. Cuatro tanquetas de la Guardia Civil se dirigieron a una barricada que, a las afueras, cortaba la carretera Santander-Palencia a la altura de Matamorosa, cargando contra los vecinos que iban encontrando a su paso.
Los enfrentamientos que se mantuvieron fueron muy duros. Pallarés culpó a CCOO de CENEMESA y afirmó que mantendría el orden con firmeza, prohibiendo la concentración convocada en el parque de Cupido para el día 16 por la tarde. Que la decisión de emprender una acción determinante estaba tomada parece más que evidente. El resultado fueron los sucesos del día de Jueves Santo.
La concentración de fuerzas que exhibía la Guardia Civil era apabullante: dos helicópteros, 18 tanquetas, 193 Patrol todoterreno y unos 1.300 hombres. Tampoco se escatimó en la motivación extra del contingente, según escribió el periodista Diego Ruiz en El Diario Montañés, 20 años después, refiriéndose a los escenarios de las jornadas de lucha: “En la campa junto a la Clínica Reinosa, donde estaban las tanquetas de la Benemérita, momentos antes de la refriega, entraban botellas y botellas de alcohol para entonar a los guardias“, dejó escrito.
A pesar de la prohibición y de la presencia desmesurada de las fuerzas de seguridad se mantuvo la movilización, pero se cambió la concentración en Cupido (que estaba totalmente tomado) por hacer un recorrido por las calles de la ciudad. El pitido del tren Talgo a su llegada a la estación fue la señal para que el capitán de la Guardia Civil al mando diera la orden de carga indiscriminada al grito de “¡A por ellos!”, iniciándose la ocupación de toda la ciudad, y pueblos cercanos.
La violencia del despliegue hizo que los ciudadanos, despavoridos, corrieran a refugiarse donde podían: sus viviendas, las de los vecinos, bares, comercios, bajos. Nada frenó la orgía de violencia. Cargaron contra la gente que salía de misa (dos horas de asedio alrededor del templo), lanzaron pelotas de goma y botes de humo dentro del campo de futbol donde se disputaba un partido (lo que fue denunciado por el C.D. Naval), entraron en el ambulatorio gritando, empujando y amenazando a pacientes y personal sanitario, incendiaron la funeraria, provocaron otro incendio en las viviendas asignadas a gitanos, allanaron innumerables locales comerciales, se registraron disparos contra cristales de viviendas, asaltos a garajes particulares, uso indiscriminado de botes de humo, pelotas de goma e, incluso, munición real (aunque se negase).
Hubo más de 60 detenidos de los que, menos dos (un vendedor ambulante y una visitante que venía a ver a su familia), todos eran vecinos de Reinosa. Esto desmonta el relato justificativo lanzado desde el Ministerio del Interior, que habló de fuerzas organizadas de fuera de la zona e incluso de la presencia de algún miembro de ETA.
Igualmente siempre negaron el componente revanchista de la actuación, lo que no casa con la conocida inscripción “Ramiro te vengamos” que exhibía una de las tanquetas (Ramiro López era un Guardia Civil que resultó herido el día anterior –rotura de brazo– en los enfrentamientos sucedidos en la vecina población de Matamorosa).
Los detenidos estuvieron horas sin atención médica ni legal y se denunciaron malos tratos y vejaciones (en menor medida en el cuartel de Torrelavega, donde fueron trasladados, ya que se trata de otro partido judicial).
La situación padecida, que excedía la naturaleza de lo laboral, hizo que se instalara en la población el sentimiento de que había que dar un paso más allá. Se crearon de esta manera nuevas organizaciones, como la Asamblea Ciudadana y la Asamblea de Mujeres, que fueron conformando la respuesta de la sociedad campurriana a la agresión soportada por la vía de la denuncia pública y ante los tribunales y la interlocución con partidos políticos (fundamentalmente Izquierda Unida, a través del diputado Nicolás Sartorius), instituciones como el Defensor del Pueblo, colectivos como la Asociación contra la Tortura, Asociación Pro Derechos Humanos, etcétera. Las acciones se multiplicaron y la solidaridad sobrepasó los límites de Cantabria.
(sigue en catalán)
Hay traductor Google a la derecha.
EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*// 
Reblogged this on El Día a Diario.
Retroenllaç: La salvaje ‘reconversión industrial’ de Felipe González provocó muertos: Reinosa y Euskalduna hace 30 años (II). | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//