La iglesia de Franco. Mártires de la Cruzada.


«La sangre es lo que más une y, por tanto, los miles de mártires católicos no pueden separar ni desunir.»
(Ecclesia, revista oficial de Acción Católica, n°51, 1942.)

A la Iglesia católica española le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la guerra civil. Y motivos no le faltan. Porque el castigo a que fue sometida resultó, en verdad, de dimensiones ingentes, devastador. Quemar una iglesia o matar a un eclesiástico es lo primero que se hizo en muchos pueblos y ciudades donde la derrota de la sublevación militar de julio de 1936 desencadenó una explosión revolucionaria súbita y destructora. Casi 7.000 eclesiásticos, del clero secular y regular, fueron asesinados; una buena parte de las iglesias, ermitas y santuarios fueron incendiados o sufrieron saqueos y profanaciones, con sus objetos de arte y culto destruidos total o parcialmente. Tampoco se libraron de la acción anticlerical los cementerios y lugares de enterramiento, donde abundaron la profanación de tumbas de sacerdotes y la exhumación de restos óseos de frailes y monjas.

Los arrebatos contra el clero y las cosas sagradas fueron especialmente intensos en Cataluña, el País Valenciano y las comarcas orientales de Aragón, aunque tampoco se quedaron a la zaga en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Málaga o Jaén. Salvo en el País Vasco, donde la violencia anticlerical fue mucho menor, llevar una sotana se convirtió en símbolo de implacable persecución en toda la zona republicana.«Acción directa» pura y dura. Eso es lo que se le aplicó al clero, al que se asesinó sin necesidad de juicios o tribunales. Lo normal es que se le «paseara» durante el verano de1936, remitiendo la ira anticlerical y las matanzas a partir del otoño de ese mismo año.

Toda esa violencia anticlerical que se desató desde el primer momento donde la sublevación militar fracasó corrió paralela al fervor y entusiasmo, también asesino, que mostraron los clérigos allá donde triunfó. A la política de exterminio que los militares sublevados inauguraron aquel 18 de julio de 1936 se adhirieron con ardor guerrero sectores conservadores, terratenientes, burgueses, propietarios, «hombres de bien» y católicos piadosos, de misa diaria, que se distanciaron definitivamente de la defensa de su orden mediante la ley. La mayoría del clero, con los obispos a la cabeza, no sólo silenció esa ola de terror, sino que la aprobó e incluso colaboró «en cuerpo y alma» enla tareas de limpieza. Era la justicia de Dios, implacable y necesaria, que derramaba abundantemente la sangre de los «sin Dios» para lograr la supervivencia de la Iglesia, el mantenimiento del orden tradicional y la «unidad de la Patria».

La entrada de lo sagrado y de la religión en escena puso en marcha además un ritual litúrgico, efectista y barroco, de religiosidad y patriotismo, que acompañó el transcurrir de la guerra en la España católica. El éxito de esa movilización religiosa, de esa liturgia que creaba adhesiones de las masas en las diócesis de la España «liberada», animó a los militares a adornar sus discursos con referencias a Dios y a la religión, ausentes en las proclamas del golpe militar y en las declaraciones de los días posteriores. Les convenció de lo importante que era esa vinculación emocional, además de destruir al enemigo. La simbiosis entre la «Religión y el Patriotismo», las «virtudes de la Raza», reforzaba la unidad nacional y daba legitimidad al genocidio que habían emprendido en aquel verano de 1936.

La restauración de la tradición, con crucifijos, sagrados corazones de Jesús, vírgenes del Pilar y banderas bicolor, suscitaba adhesiones y fervores. Viejos hábitos de la religiosidad popular fueron recuperados, volvieron las fiestas religiosas al calendario oficial y comenzaron a celebrarse otras, «nacionales», que acompañaron posteriormentea la dictadura de Franco hasta su extinción.

Un lugar especial en ese ceremonial de purificación lo ocuparon los «mártires», a los que se dedicaron numerosas ofrendas y ceremonias fúnebres. «Mártires de la Cruzada» fueron desde el principio, y así aparece en las fuentes documentales y en las crónicas de los periódicos, los combatientes del ejército rebelde muertos en combate, los belicosos sacerdotes que caían en el frente «alabando a Dios y vitoreando a España», los católicos y los derechistas, todos aquellos, en fin, cuyo «martirio» significaba «odio religioso y persecución a la Iglesia». La sangre derramada por la cruzada se convirtió en una referencia ineludible entre la legión de capellanes enrolados con los carlistas y los falangistas en aquel verano de 1936 y entre los obispos que pronunciaban oracionesfúnebres por los militares caídos. «Los héroes de esta cruzada y los mártires de ella (…) son también héroes y mártires, en un sentido verdadero, de la Religión y de la Patria», declaró Justo de Echeguren y Al-dama, obispo de Oviedo, en los funerales que el 4 de diciembre de 1936 se celebraron en Luarca por el alma del teniente coronel Jesús Tejeiro.

Los estragos ocasionados por la persecución anticlerical, la constatación de los sacrilegios y asesinatos del clero cometidos por los «rojos», multiplicaron el impacto emocional que causaba el recuerdo constante de los mártires asesinados. El ritual y la mitología montados en torno a esos mártires le dieron a la Iglesia todavía más poder y presencia entre quienes iban a ser los vencedores de la guerra, anularon cualquier atisbode sensibilidad hacia los vencidos y atizaron las pasiones vengativas del clero, que no cesaron durante largos años.

El decreto de la Jefatura de Estado del 16 de noviembre de 1938 proclamaba «día de luto» nacional el 20 de noviembre de cada año, en memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera esa fecha de noviembre de 1936, y establecía, «previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas», que «en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, y a víctimas de la revolución marxista». Tal fue el origen de la colocación en las iglesias de placas conmemorativas de los «caídos». Y aunque no aparecía así en el decreto, todas esas inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa, «mártires de la Cruzada» todos ellos.

Los otros muertos, los miles y miles de rojos e infieles asesinados, no existían, porque no se les registraba o se falseaba la causa de la muerte, asunto en el que obispos y curas tuvieron una responsabilidad destacadísima. Acabada la guerra, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos, recordándoles durante décadas los efectos devastadores de la matanza del clero y de la destrucción de lo sagrado. Las iglesias y la geografía española se llenaron de memoria de los vencedores, de placas conmemorativas de los «caídos por Dios y por la Patria», mientras se pasaba un tupido velo por la «limpieza» que en nombre de ese mismo Dios habían emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien.

La conmoción dejada por el anticlericalismo tapó el exterminio religioso y sentó la idea falsa de que la Iglesia sólo apoyó a los militares rebeldes cuando se vio acosada por esa violencia persecutoria. Los espacios sacros que habían sido profanados por los «rojos» se convirtieron en símbolo del resurgimiento moral y católico. Las tierras de muchos cementerios y extrarradios donde habían sido asesinados los clérigos se vallaron, como en la localidad oscense de Barbastro, «por ser tierra santificada y regada con la sangre de los mártires». Esos pedazos de tierra servirían para recordar a las generaciones venideras la cruel persecución y la «honda lección de que quien se aparta de la Religión católica, cae al fin en la traición a Dios y a la Patria».

Obispos y sacerdotes celebraron durante mucho tiempo en catedrales e iglesias actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de los mártires.

Bajo aquellos «días luminosos» de la paz de Franco, sus restos fueron exhumados y trasladados en cortejos que recorrían con gran solemnidad numerosos pueblos y ciudades, desde los cementerios y los lugares del martirio a las capillas e iglesias elegidas para el descanso eterno de sus restos.

Según consta en algunos martirologios, muchos fieles asistían a esos actos de exhumación con el fin de «hacerse con algún trozo de aquellos despojos» religiosos, de una reliquia para conservarla devotamente. La fama de aquellos mártires demostraba la justicia de la causa por la que habían luchado, recordaba la división entre vencedores y vencidos, que la Iglesia había ganado la guerra y la paz, una paz a su gusto, y que su sangre no había sido derramada en vano. Ahí estaba como muestra suprema ese Nuevo Estado católico, fertilizado y fecundado por la sangre de miles de mártires.

La consagración definitiva de la memoria de la cruzada llegó con la construcción del monumento del Valle de los Caídos, «el panteón glorioso de los héroes», como lo llamaba fray Justo Pérez de Urbel, catedrático de historia en la Universidad de Madrid, apologeta de la cruzada y de Franco y primer abad mitrado de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El monumento fue inaugurado el 1 de abril de 1959, tras casi veinte años de construcción en la que trabajaron numerosos rojos cautivos y prisioneros políticos. Aquél era un lugar grandioso, para desafiar «al tiempo y al olvido», homenaje al sacrificio de «los héroes y mártires de la Cruzada».

La Iglesia católica española quiso, no obstante, perpetuar la memoria de sus mártires con algo más que ceremonias fúnebres y monumentos. Ya en noviembre de 1937, los arzobispos metropolitanos reunidos en la abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia), bajo la presidencia del cardenal Isidro Gomá, acordaron «publicar en su día un nomenclátor de todos los sacerdotes y religiosos, con las notas más destacadas de su heroísmo y su martirio».

 

El camino hasta la beatificación reclamado por la Iglesia y por los dirigentes franquistas no fue, sin embargo, tan rápido. Pío XII se opuso a una canonización indiscriminada y masiva de miles de «caídos por Dios y por España» y una actitud similar adoptaron sus sucesores Juan XXIII y Pablo VI, quien ordenó incluso la paralización de los procesos canónicos que desde el final de la guerra estaban llegando al Vaticano. Las cosas cambiaron con Juan Pablo II. En marzo de 1982 comunicó a los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo que iba a impulsar la beatificación de los mártires de la persecución religiosa en España. El 29 de marzo de 1987 beatificó a tres monjas carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de julio de 1936. Fueron las primeras beatificaciones de mártires de la cruzada. A partir de ese momento, se aceleró la conclusión de los procesos anteriormente paralizados, se abrieron otros muchos y Juan PabloII siguió beatificando. Hasta el 1 de enero del año 2000 habían sido beatificados 239 mártires, todos muertos en la guerra civil, excepto nueve eclesiásticos asesinados durante la revolución de octubre de 1934 en Asturias, beatificados primero en abril de 1990 y canonizados después en noviembre de 1999.

Se trataba así de unir bajo el mismo concepto de persecución religiosa todo lo sucedido en España desde 1931 a 1939, señalando a la República como principal causante e instigadora de la violencia anticlerical. A la jerarquía eclesiástica española ese número de «mártires de la Cruzada» beatificados le parece insignificante y reclama que sean elevados a los altares muchísimos más: los cerca de siete mil eclesiásticos «martirizados» y unos tres mil seglares de ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones confesionales, a quienes se pretende aplicar la misma categoría. Nada ni nadie le impide a la Iglesia católica española recordar y honrar a sus mártires. Siempre lo ha hecho y es muy probable que siga haciéndolo. Pero al abrir y reabrir procesos de beatificación de mártires de aquella «Cruzada», va mucho más allá. Convierte en heroico y glorioso un pasado que nada de eso tuvo. Ya se lo decía el nacionalista vasco Manuel de Irujo, ministro de Justicia del Gobierno de la República, al cardenal Vidal i Barraquer en una carta firmada el 23 de mayo de 1938:

«Tenga presente que en las dos zonas se han hecho mártires, que la sangre de los mártires, en religión como en política, es siempre fecunda; que la Iglesia, sea por lo que fuere,figurará como mártir en la zona republicana y formando en el piquete de ejecución en la zona franquista.»

Amigos y defensores de los asesinos en un bando y mártires en el otro. Ésa fue la doble faz del clero español durante la guerra civil. Por muchos mártires que beatifique, la Iglesia nunca va a poder quitarse de encima su implicación «en cuerpo y alma» en la operación de exterminio de «malvados marxistas»y de la «canalla roja» que los militares rebeldes y la «gente de orden» pusieron en marcha desde el 18 de julio de 1936 y continuaron durante años y años bajo la paz «duradera y consoladora» de Franco.

Hay quienes creen que la Iglesia católica española debería pedir perdón por bendecir y apoyar aquella masacre de infieles y a la dictadura que de ella emergió. No pretendo entrar aquí en esa polémica. Me gustaría recordar, sin embargo, para concluir, los hechos y argumentos fundamentales que sobre ese complejo y reciente pasado he intentado demostrar en este libro. Recordarlos como historiador, tras una exhaustiva investigación, para que puedan ser conocidos, valorados y debatidos. Y recordárselos también a todos aquellos que creen que la Iglesia necesita todavía legitimarse con másmártires.

La Iglesia percibió la caída de la monarquía como una auténtica catástrofe. No soportó la República, ese sistema de representación parlamentaria, de legislación anticlerical, depresión popular, en la que los valores católicos ya no eran hegemónicos. Movilizó a la población, amparó un movimiento de masas que bajo el paraguas ideológico del catolicismo refugiaba en él a las clases dominantes, a los sectores más conservadores, preocupados por su orden y no sólo por el de la Iglesia, porque en la historia de España, en ese período republicano y en el futuro, el orden y la Iglesia habían ido unidos y así seguirían.

La Iglesia y la mayoría de los católicos pusieron desde el principio todos sus medios, que no eran pocos, al servicio de la causa de los militares sublevados. Ni los militares tuvieron que pedir a la Iglesia su adhesión, que la ofreció gustosa, ni la Iglesia tuvo que dejar pasar el tiempo para decidirse. Unos porque querían el orden y otros porque defendían la fe, todos se dieron cuenta de los beneficios de la entrada de lo sagrado en escena. La Iglesia se sintió encantada con esa sublevación «providencial», como la calificaba el cardenal primado Isidro Gomá en el informe que envió al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli, el 13 de agosto de 1936. Encantada, además, conque fueran las armas las que aseguraran el «orden material», liquidaran a los infieles y e devolvieran la «libertad». La complicidad del clero con ese terror militar y fascista fue absoluta y no necesitó del anticlericalismo para manifestarse. Desde Gomá al cura que vivía en Zaragoza, Salamanca o Granada, todos conocían la masacre, oían los disparos, veían «cómo se llevaban a la gente, les llegaban familiares de los presos o desaparecidos, desesperados, pidiendo ayuda y clemencia. La actitud más frecuente del clero ante esos hechos fue el silencio, voluntario o impuesto por los superiores, cuando no la acusación o la delación.

A medida que avanzaba la guerra, el catolicismo ganaba terreno por las armas, impuesto a golpe de bombas y fusiles sobre las fuerzas del ateísmo revolucionario. La entrada delas tropas franquistas en las diferentes ciudades republicanas fue celebrada con tedeums, con rituales católicos que dotaban de unidad a todas las fuerzas reaccionarias.

Los obispos levantaban el brazo en los actos cívico-militares, bendecían las armas, enardecían a las tropas y alentaban a la persecución de los vencidos. Ellos, los sacerdotes, los religiosos y los fieles católicos se sentían liberados por el ejército rebelde y, sobre todo, por el glorioso Generalísimo Franco, el «genio providencial» que les estaba librando de la catástrofe republicana y atea. Emergió así la Iglesia de Franco, que se identificaba con él, que lo admiraba como Caudillo, como un enviado de Dios para restablecer la consustancialidad de la cultura tradicional española con la fe católica. Ese sentimiento religioso, esa «justicia social cristiana a la española», esa recatolización por las armas, no contemplaba la reconciliación o el perdón para los vencidos. La rendición incondicional del enemigo, el «triunfo de la Ciudad de Dios», llegarían empapados de militarismo, nacionalismo y triunfalismo católico. Gloria para los vencedores y humillación y sufrimiento para los vencidos. Una victoria total y definitiva sobre las fuerzas del mal.

Extraído de: La iglesia de Franco – Julián Casanova.

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