Las otras víctimas de una transición nada pacífica (II)

suárez
Suárez, presidente del Gobierno en la Transición con la UCD. En su etapa se produjeron numeroso episodios de torturas, palizas, violaciones, asesinatos a tiros por la espalda, etc. por parte de los cuerpos policiales del estado y la extrema derecha que quedaron impunes. Incluso alguno de los culpables fue condecorado por el ministro del interior.

Página anterior. Crímenes fascistas de 1975 a 1977.

5) Violencia política estatal entre 1978 y 1979

En 1978 y 1979 el número de víctimas mortales de la violencia política estatal se mantuvo en los mismos niveles que en el periodo anterior, en torno a las 30 muertes anuales. En 1979 se produjo un descenso significativo de las personas que perdieron la vida a manos de la policía, especialmente en manifestaciones, pero este descenso se compensó con un notable incremento de los asesinados por el terrorismo de Estado y el terrorismo incontrolado.

———————————————————————————————————
Cuadro 2

1978 1979

Gatillo fácil 4 , 9

Represión política 21, 11

Tortura 1 , 0

Total víctimas policía 26 , 20

Extrema derecha/Terrorismo de Estado 7 , 14

Total víctimas de la violencia política estatal 33, 34

Cuadro 2 Víctimas mortales de la violencia política estatal en España entre 1978 y 1979. Datos recogidos por el autor a partir de documentación y prensa de organizaciones de la izquierda radical y prensa generalista.
——————————————————————————————————-

En esta segunda fase de la transición, el terrorismo de Estado mercenario mejoró su organización e incrementó el número de atentados. Sus integrantes seguían siendo miembros de la ultraderecha española, francesa, italiana y argentina que utilizaban distintas siglas aunque los autores fueran los mismos: ATE, BVE, ANE, Triple A. Al igual que en la etapa anterior los objetivos fueron de diverso tipo: contra miembros de ETA, contra dirigentes y militantes de organizaciones políticas, contra la población en general. Los atentados se produjeron en España, País Vasco francés, París y Venezuela.

Los grupos fascistas llevaron a cabo centenares de agresiones durante toda la transición. En el periodo 1977-1979 los límites entre estas bandas y las fuerzas de orden público eran difusos: realizaban actuaciones conjuntas para reprimir movilizaciones de izquierda, una parte del armamento usado por los ultras provenía de la policía y el ejército y numerosos militantes ultraderechistas eran al mismo tiempo militares o policías. Las bandas fascistas tenían su propia autonomía política, no estaban organizadas ni lideradas por el aparato del Estado, lo que las diferenciaba de otro fenómeno similar, el terrorismo de Estado organizado y dirigido por el gobierno de UCD, que se perpetró fundamentalmente en el País Vasco.

lydia falcó

Billy el Niño, mientras torturaba a Lidia Falcón: “Ya no parirás más, puta”

6) Violencia política estatal entre 1979 y 1982

En el último periodo de la transición se produjo un cambio sustancial. Las víctimas mortales de la policía se redujeron en torno a un 60%. Las víctimas del terrorismo de Estado e incontrolado se mantuvieron en 1980, año que registró el mayor número de víctimas de la violencia política estatal de la transición (39) y en el que el terrorismo de Estado inició un nuevo tipo de atentado: la violación y el asesinato de mujeres de izquierdas o independentistas en el País Vasco. Tras el incremento de 1980, 1981 y 1982 fueron los años con menos víctimas mortales de la violencia estatal: 17 y 10 respectivamente.

——————————————————————————————————–

Cuadro 3

1980 1981 1982

Gatillo fácil 6 2 8

Represión política 1 6 1

Tortura 1 4 1

Extrema derecha/Terrorismo de Estado 31, 5, 0

Total 39, 17, 10

Cuadro 3 Víctimas mortales de la violencia política estatal en España entre 1980 y 1982.

Datos elaborados por el autor a partir de documentación y prensa de organizaciones de la izquierda radical y prensa generalista.

———————————————————————————————————-

Durante los últimos años de la transición, el Gobierno de UCD mantuvo su política de cerco a la minoría demócrata en la policía, favoreciendo a los elementos más alineados con la dictadura franquista. Los antiguos miembros de la policía política fascista (BPS) fueron premiados con ascensos, mientras la minoritaria y democrática Unión Sindical de Policías era perseguida. Algunos policías fueron capaces de sobreponerse al corporativismo, a la política de ascensos del Gobierno y a la presión de la mayoría de sus compañeros y se atrevieron a mostrar públicamente su rechazo a la práctica de la tortura. Esta minoría de policías no encontró apoyos suficientes. El riesgo que asumieron al denunciar esta práctica en un estamento controlado por elementos antidemocráticos, no fue reconocido por la izquierda mayoritaria, que no les brindó su respaldo. Los policías demócratas sólo recibieron la solidaridad de la izquierda radical. Uno de estos casos se produjo en la comisaría de Valladolid, donde unos funcionarios denunciaron públicamente a sus mandos ultraderechistas, provenientes de la BPS, por torturar a una detenida.

Un puñado de denuncias con contados apoyos no bastaban para acabar con los malos tratos, más aún cuando los principales torturadores de la policía fascista eran premiados con ascensos. Uno de los manos policiales ascendidos fue José Matute, miembro de la BPS en Tenerife, que había destacado por su participación en las torturas a los detenidos por motivos políticos. En una de las sesiones de tormento, acabó con la vida de Antonio González Ramos. Tras beneficiarse de la amnistía de 1977, Matute recibió un ascenso y fue destinado a la sección policial encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos de los detenidos. El abandono de la defensa de los derechos humanos por parte de la izquierda mayoritaria y la debilidad de la izquierda radical permitían esta clase de actuaciones de la UCD. Sólo Fernando Sagaseta, de la UPC, presentó una interpelación a Rosón en el congreso sobre este caso.

rosón
Juan José Rosón, ministro del Interior con la UCD de Suárez. Premiaba a los policías fascistas con ascensos y perjudicaba a los demócratas especialmente si denunciaban torturas, teóricamente ilegales.

La práctica de la tortura y el benevolente trato otorgado a sus responsables en aquellos escasos casos que llegaban a los tribunales, se puso de manifiesto de nuevo en el juicio a los guardias civiles que torturaron y asesinaron a tres jóvenes de izquierdas en Almería, Luis Montero, Luis Cobos y Juan Mañas. Una de las víctimas era militante del PCE y otra de UGT 30. La GC cambió de versión tres veces: primero afirmó que eran terroristas, después que eran delincuentes comunes y por último que se había tratado de un “error”. De los 11 militares que participaron en los hechos sólo se procesó a tres. El ministro Rosón se vio forzado a dar explicaciones en el Congreso, donde sostuvo que los tres jóvenes torturados y asesinados iban armados y que agredieron a los guardias civiles, una versión rocambolesca.

Estos tres miembros de la GC fueron los primeros en ser procesados por torturas tras la aprobación de la ley de policía del 4.12.1978. Habían tenido que pasar más de tres años para que se realizara el primer juicio por torturas a guardias civiles.

Los muertos a manos de la policía por “gatillo fácil”, esto es, en situaciones en las que la policía hacía uso de sus armas de fuego con resultado de muerte sin que existiera un peligro que lo justificara, se mantuvieron constantes en esta última fase de la transición, con la excepción de 1981: 6 en 1980, 2 en 1981 y 8 en 1982.

yolanda-gonzalez1--575x323Yolanda González, una joven de Bilbao líder estudiantil asesinada por la ultraderecha.

1980 fue el año de mayor actividad del terrorismo de Estado y de los grupos fascistas, que asesinaron a 31 personas. También fue el año con mayor número de muertos a manos de ETA: 80 personas, en su gran mayoría miembros de cuerpos policiales y militares. Entre los numerosos atentados destacaron el secuestro y asesinato en Madrid de la dirigente estudiantil Yolanda González, y los cuatro muertos tras la explosión de una bomba en un bar de la izquierda independentista en Baracaldo (Vizcaya). Los fallecidos a manos de la policía durante la represión de movilizaciones se redujeron casi totalmente, y aunque volverían a aumentar en 1981, ya no volverían a alcanzar los niveles anteriores a 1980.

Desde la izquierda radical se denunciaron públicamente los numerosos asesinatos cometidos el BVE, grupo organizado desde el Ministerio del Interior, haciendo hincapié en un nuevo tipo de atentado: la violación y asesinato de mujeres simpatizantes de la izquierda independentista vasca con el objetivo de aterrorizar a este sector social. En el mes de enero de 1980 fueron cuatro las mujeres violadas en el País Vasco por individuos armados que las sometieron a interrogatorios. Una de ellas, Ana Teresa Berrueta, fue además asesinada. Ese mismo año, la joven de 16 años María José Bravo caminaba por la calle con su novio, Javier Rueda Alonso, de 17 años, cuando fueron abordados por un comando del BVE. A Javier Rueda le dieron una paliza por la que tuvo que ser hospitalizado en estado grave. A María José Bravo la secuestraron, violaron y asesinaron.

La actividad del terrorismo de Estado se detuvo en marzo de 1981, y no se reactivaría hasta mediados de los 80, una vez finalizado el proceso de transición.


En esta última fase de la transición, la tortura se siguió empleando de manera sistemática con los detenidos por motivos políticos y con las personas acusadas de delitos comunes. La ausencia de depuración de la policía de la dictadura favoreció que se mantuviera esa práctica, incluso más allá de los límites temporales de este estudio, como muestran los informes de Amnistía Internacional.

Los mandos de la policía y la guardia civil aceptaban la práctica habitual de los malos tratos. Incluso aquellos más comprometidos con la reforma de la dictadura y la consolidación democrática como el general Saénz de Santa María, asistía impasible a los casos de torturas como relata él mismo en su biografía autorizada.

“Mientras estábamos reunidos o quizás un poco más tarde, eso no lo sé muy bien, algunos guardias muy encabronados fueron a los calabozos del cuartel y la emprendieron a hostias con los etarras que se hallaban detenidos y sujetos a diligencias. Les propinaron unas palizas enormes. Y aquel incidente, que los mandos de la Salve trataron de ocultar y minimizar ¿qué iban a hacer? Tuvo sus consecuencias. Nos constó bastantes disgustos…”.

Estas torturas, fueron por realizadas por guardias civiles en venganza por la muerte de seis miembros del instituto armado en un atentado de ETA en 1980. Estos guardias se encontraban bajo el mando del propio Saénz, que en esos momentos ostentaba el cargo de delegado de gobierno en el País Vasco. El general afirma que “estuvo pendiente de que nadie se tomara la justicia por su mano y que hubiera una matanza”.

En el País Vasco, la mayoría de las personas torturadas sufrían el tormento porque la policía o la guardia civil los acusaba de estar relacionados con ETA. En estos casos, las sesiones de malos tratos se prolongaban hasta los diez días que duraba el periodo de incomunicación establecido por la ley antiterrorista. El periódico del MC recogía numerosos casos, entre ellos el de Jimena Alonso, militante del movimiento feminista y simpatizante del MC, detenida bajo la acusación de formar parte de ETA:

“Desde el comienzo de mi detención soy golpeada en todo el cuerpo. Me aplican la bolsa [asfixia] y la barra [palizas] hasta que pierdo el conocimiento. Me amenazan con violar a mi hija de 17 años delante de mí. En esa situación acepto no denunciar ante el juez la tortura a cambio de que dejen en libertad a mi hija”.

Otro caso fue el de Fernando Saez García-Falces, parlamentario foral de la coalición independentista vasca Herri Batasuna detenido el 10.10.1980 acusado de colaborar con ETA. Torturado y encarcelado, salió en libertad sin cargos el 29.10.1980.

La tortura no se utilizaba exclusivamente contra las personas acusadas de estar relacionadas con ETA sino que se aplicaba a los militantes y simpatizantes de toda la izquierda radical, y también a los detenidos por delitos comunes, si bien estos últimos al no estar organizados, no solían denunciar los malos tratos. La prensa de la izquierda radical recogía numerosos testimonios de este tipo. Uno de ellos fue el de Josu Torre, simpatizante del EMK (MC del País Vasco), detenido junto a su hermana Justa Torre. Ambos sufrieron torturas en la comandancia de la guardia civil de la Salve en Bilbao. Los miembros del instituto militar aplicaron a Josu Torre distintos tormentos durante siete días: simulacros de ejecución, la bañera, golpes y amenazas de violar a su mujer. Después, fue puesto en libertad sin cargos en su contra y sin pasar ante el juez. Otro caso fue el de María Luz Prieto, una joven de 19 años detenida en Valladolid junto a otras tres personas, torturada y puesta en libertad sin pasar ante el juez.


En los tres últimos años de la transición, 6 personas fueron torturadas hasta la muerte (1 en 1980, 4 en 1981 y 1 en 1982). Uno de estos casos, el del militante del movimiento ciudadano José España Vivas recogido por Amnistía Internacional en un informe de septiembre de 1980, pero según la versión de la guardia civil, el activista había fallecido por causas naturales.

Al igual que en la dictadura y al igual que durante toda la transición, los responsables policiales y los funcionarios de prisiones siguieron negando la existencia de torturas a pesar de las evidencias.

Los gobiernos de UCD tampoco actuaron para erradicar los malos tratos, sino que por norma general respaldaron estas prácticas. En el caso de las torturas sufridas por Josu y Justa Torre mencionadas anteriormente, ante la denuncia de la familia Torres y del EMK, el gobernador civil de Vizcaya difundió una nota oficial en la que afirmaba que tras una investigación exhaustiva había comprobado que no se habían producido malos tratos y que se trataba de “una campaña perfectamente orquestada a favor del terrorismo, basada en acusaciones falsas”.

Los distintos aparatos del Estado trataban de impedir que se denunciaran las torturas cometidas durante la transición pero también los malos tratos aplicados por los cuerpos represivos durante la dictadura. La película “El crimen de Cuenca” fue censurada y su directora, la socialista Pilar Miró procesada por un tribunal militar por reflejar los tormentos aplicados por la guardia civil en el franquismo.

EL CRIMEN DE CUENCA – las torturas. Pilar Miró.

Los relevos en la cúpula policial no hacían sino sustituir a unos torturadores por otros. La izquierda parlamentaria aceptaba esta realidad como parte de las consecuencias negativas de la transición, a pesar de que buena parte de las víctimas de malos tratos habían sido militantes del PCE hasta su legalización en 1977. Desde la izquierda radical se denunciaba el currículum lleno de violaciones de derechos humanos de los nuevos jefes de la policía: José Sainz González, jefe superior de la policía, Manuel Ballesteros, jefe de la Brigada de Información y Carlos Anechina, Jefe superior de la policía en Bilbao. Dos años después, Ballesteros recibía otro ascenso y era colocado por el Gobierno al frente del Mando Unificado para la Lucha Antiterrorista.

Mariano Sánchez Soler. La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España. (2010)

7) Las otras víctimas de la transición

Sánchez Cuenca y Baby clasifican las víctimas de la transición entre las causadas por la violencia estatal (cuerpos policiales y terrorismo de Estado) y las provocadas por la violencia no estatal (organizaciones nacionalistas, de izquierda radical y fascistas). Consideramos que esta clasificación no permite realizar un análisis ajustado a la realidad, puesto que como se ha argumentado, la actividad de los grupos ultraderechistas estuvo estrechamente ligada a la de la policía y al terrorismo de Estado, no sólo en sus objetivos sino en el hecho de compartir armas, información y ejecutores. Cuerpos policiales, organizaciones ultraderechistas y terrorismo de Estado fueron tres componentes de una misma estrategia política (impedir la reforma de la dictadura y si no era posible, tratar de que la reforma fuera la mínima posible) si bien cada elemento tenía sus propias características y particularidades. Por lo tanto consideramos que es imprescindible analizar en su conjunto la violencia de estos tres grupos. Este es el criterio utilizado por el profesor Sánchez Soler en su tesis doctoral.

Tampoco parece acertada la clasificación sobre los distintos terrorismos que propone Sánchez Cuenca, quien engloba dentro del terrorismo de extrema derecha al terrorismo de Estado. Aunque ambos fenómenos formaban parte de una misma estrategia política, las diferencias entre los grupos ultraderechistas y los comandos organizados desde el ministerio de gobernación eran lo suficientemente importantes como para tratarlos como dos fenómenos diferenciados. En el caso del terrorismo de Estado era el gobierno quien decidía los objetivos y los ejecutores eran policías, guardias civiles o mercenarios. En cuanto a los atentados ultraderechistas, aunque era habitual la participación de policías y guardias civiles, la ejecución corría a cargo de miembros de organizaciones fascistas, siendo estas últimas quienes elegían los objetivos.

Las cifras de víctimas de la violencia policial durante la transición varían según los distintos autores. Los datos más exhaustivos son los ofrecidos por Sophie Baby, que ha recopilado información sobre 171 personas que perdieron la vida a manos de la policía entre 1975 y 1982, datos que se aproximan mucho a los 162 ofrecidos por Sánchez Cuenca y a los 156 recogidos por el autor de este texto a partir de informaciones de prensa generalista, prensa de la izquierda radical y documentos internos de estas organizaciones.

——————————————————————————————————–
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Gatillo fácil 4, 11, 6, 4, 9, 6, 2, 8

Represión política 22, 15, 20, 21, 11, 1, 6, 1

Tortura 1, 0, 0, 1, 0, 1, 4, 1

Total víctimas policía 27, 26, 26, 26, 20, 8, 12, 10, 156

Extrema derecha/Terrorismo de Estado 6, 5, 10, 7, 14, 31, 5, x, 78

Total víctimas de la violencia política estatal 33, 31, 36, 33, 34, 39, 17, 10, 233

Cuadro 4 Víctimas mortales de la violencia política estatal en España entre 1975 y 1982. Datos recogidos por el autor a partir de documentación y prensa de organizaciones de la izquierda radical y prensa generalista.


Fuente: Las otras víctimas de una transición nada pacífica. Gonzalo Wilhelmi. Universidad Autónoma de Madrid.

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Article, Assaig, Política, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Las otras víctimas de una transición nada pacífica (II)

  1. Retroenllaç: Las otras víctimas de una transición nada pacífica (I) | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s