Las otras víctimas de una transición nada pacífica (I)

bylli el niño
El torturador franquista Billy el Niño, condecorado por Martín Villa, ministro de Suárez, y confirmada por el ministro Zoido, que se ha negado a retitársela a propuesta de Podemos hace unos días.

[El autor centra su estudio en el periodo 1975 y 1982, por lo que las acciones del GAL, que tuvieron lugar durante los 80 con Felipe González y que provocaron la caída del gobierno socialista y penas de cárcel para los máximos responsables de Interior, Vera y Barrionuevo, no se contemplan. De todos modos, su lectura  nos da pista para el presente cuando el ministro del Interior del PP,  Jorge Fernández Díaz, tuvo que reconocer la práctica de la tortura en sede parlamentaria ya que los jueces habían dictado penas de cárcel para deterninados componentes de las fuerzas de seguridad del Estado, tal y como consta en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados en alguna sesión de control del Gobierno. Esperemos que el Estado español investigue diferentes casos de denuncias de torturas denunciadastal y como se ha instado por parte de las instituciones europeas. El terrorismo etarra, responsable de cerca de mil asesinatos, no es analizado en este artículo dedicado a las fuerzas del orden y extrema derecha. La primera víctima de ETA fue el temible y odiado torturador de presos políticos Melitón Manzanas en 1968, que había colaborado con la Gestapo y fue condecorado a título póstumo por Aznar en 2001].

audiencia nacional
Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público, donde se juzgaba a los presos políticos en el franquismo.

En los últimos años ha proliferado la brutalidad policial, destacando 2017 en Catalunya con motivo del Referèndum de autodeterminación con un millar de heridos y algún ojo perdido. El maltrato a los migrantes es una constante en Ceuta y Melilla con muertos a manos de la fuerza pública a personas indefensas mediante pelotazos de goma a las cabezas y botes de humo. También es preocupante el ataque a la libertad de expresión favorecido por la Ley Mordaza y las lecturas exageradas de las penas que hacen determinados jueces. Una canción puede ser causa de multa y cárcel. Finalmente, se aplica la Ley Antiterrorista sin que exista afortunadamente organizaciones terroristas. Y no se trata de lobos solitarios yihadistas sino de personas del mundo del espectáculo o de la cultura: cantantes, actores, libros…  Quizá habría que derogar esta ley y cerrar la Audiencia Nacional, que no es más que el TOP franquista y se encarga de delitos políticos inadmisibles en un estado democrático donde solo deberían existir los juzgados ordinarios.]

Número de policias y guardias civiles condenados por tortura según el ministro; es decir, reconoce que se tortura aunque le quita importancia por su número. El vídeo es de 2013.

Gonzalo Wilhelmi. Universidad Autónoma de Madrid.

Indice

1) Violencia política estatal durante la transición: actores y prácticas.

2) Policía y democracia: de las Fuerzas de Orden Público a las Fuerzas de Seguridad del Estado

3) Transición política y depuración del aparato de Estado

4) Violencia política estatal entre 1975 y1977

5) Violencia política estatal entre 1978 y 1979

6) Violencia política estatal entre 1980 y 1982

7) Las otras víctimas de la transición

Bandera franquista. Fue vigente durante los primeros años de la Transición.

1) Violencia política estatal durante la transición: actores y prácticas.

El régimen franquista basaba buena parte de su estabilidad en la represión ejecutada por distintos cuerpos militares, policiales y judiciales. La actividad del aparato de Estado fascista desempeñó un papel central en la transición. Este conjunto de organismos constituyó un influyente actor durante el proceso, primero en defensa de la continuidad de la dictadura una vez muerto el jefe de Estado y una vez derrotado el proyecto continuista por la movilización de la oposición democrática, para limitar el alcance democratizador de la reforma. Su actividad se centraba, como veremos en detalle, en la neutralización -por todos los medios necesarios- de la actividad de los sectores sociales y políticos que defendieran la ruptura democrática y especialmente la democratización de los aparatos del Estado, es decir, de ellos mismos. Al mismo tiempo que desempeñaba este importante papel, el aparato de Estado fascista era también un indicador del grado de democratización del nuevo sistema en la medida que constituía bastiones autoritarios que convivían con las instituciones y organismos democráticos del nuevo sistema, limitando su capacidad de actuación.

Constitución de 1978 encabezada por el escudo de Franco.

A mediados de los 70, al mismo tiempo que el régimen franquista iniciaba su transformación forzada por la movilización de una oposición democrática cada vez más fuerte, la dictadura puso en marcha el terrorismo de Estado para combatir a los sectores políticos y sociales antifranquistas más radicales. Estas estructuras creadas por el régimen fascista se mantuvieron activas durante todo el periodo de transición, pero presentaron características diferenciadas en dos fases: por una parte, los últimos gobiernos de la dictadura; por otra, los primeros gobiernos democráticos presididos por Suárez y Calvo Sotelo. Se trataba de un terrorismo mercenario, cuyos ejecutores carecían de autonomía y respondían a una dirección política formada por mandos policiales y militares. Su finalidad era la eliminación física de aquellos opositores de tendencia revolucionaria o independentista. El terrorismo mercenario coexistió con otro tipo de violencia organizada de origen estatal, pero de características distintas: el terrorismo incontrolado. Fue perpetrado por elementos pertenecientes a fuerzas policiales o militares o por grupos políticos de extrema derecha dirigidas contra sectores de la población o adversarios políticos. A pesar de contar con la participación de militares y policías, estos grupos no respondían a una dirección unificada sino que actuaban con autonomía, si bien coincidían en los objetivos con el terrorismo mercenario.

Las actuaciones policiales que provocaron muertes se pueden clasificar en tres tipos: la represión de movilizaciones, el uso de armas de fuego en situaciones en las que la integridad de los policías no estaba en riesgo (gatillo fácil) y la muerte por tortura (durante las sesiones de tortura o inmediatamente después). En este estudio nos referiremos a estas situaciones denominándolas “represión política”, “gatillo fácil” y “tortura”.

No se consideran las muertes de miembros de organizaciones armadas fallecidos en enfrentamientos con los cuerpos policiales, pero sí aquellos militantes que perdieron la vida en “falsos enfrentamientos”, es decir, aquellas situaciones en las que fueron acribillados por la espalda, o tiroteados estando desarmados o ejecutados una vez que se habían rendido.

A las víctimas mortales del terrorismo de Estado, terrorismo incontrolado y cuerpos policiales hay que añadir las personas que sufrieron tortura por parte de las fuerzas de orden públicos. Todas ellas fueron las otras víctimas de una transición nada pacífica, las víctimas del aparato de Estado de la dictadura franquista que mantuvo su actividad represora entre 1975 y 1982.

grises

Los grises, Policía Armada. Cambiaron de nombre y el color de su uniforme durante la Transición. Ahora van de marrón y se denominan Policía Nacional. Popularmete se les llama maderos.

2) Policía y democracia: de las Fuerzas de Orden Público a las Fuerzas de Seguridad del Estado

Los cuerpos policiales resultan fundamentales para el funcionamiento del sistema político, puesto que con sus actuaciones pueden alterar la significación práctica, real, de la política decidida en otras instancias. Por este motivo, la policía y la Guardia Civil desempeñaron un papel central durante toda la transición. Más allá de las leyes, era la labor de estos cuerpos la que en numerosas ocasiones determinaba en última instancia el alcance de la democratización entre 1975 y 1982.

Los cuerpos policiales franquistas estaban fuertemente militarizados y orientados hacia el mantenimiento del orden público. La Ley de Orden Público de 1959 perseguía todo aquello que atacara la “unidad espiritual, nacional, política y social de España”. Esta peculiar redacción permitía que cualquier actividad pudiera ser considerada por las autoridades como contraria al orden público, una noción con la que la dictadura trató de dar una apariencia de “derecho” a la arbitrariedad del poder, siendo su significado real la represión política y social. La identificación de la policía franquista con su función represora mantenedora del orden público, llegó hasta el punto de adoptar el nombre de Fuerzas de Orden Público (FOP).

Aunque en la legislación española son utilizados como sinónimos, “orden público” y “seguridad ciudadana” son conceptos opuestos. Frente a la represión que implica el “orden público”, la seguridad ciudadana hace referencia a una en una sociedad democrática, en la que las personas pueden ejercer sus derechos y libertades, abarcando “la seguridad de las personas como titulares de sus derechos, no solo los penales sino también civiles, sociales y políticos”. Se trata de un concepto subjetivo “fruto de una definición social sobre las condiciones que permiten la convivencia pacífica en la sociedad, la justicia social, calidad de vida, bienestar, salud, realización de la persona y el ejercicio de sus derechos y libertades democráticas”.

Para que la transición desde la dictadura a un sistema democrático pudiera realizarse era necesaria la transformación de unos cuerpos policiales militarizados y represivos en una policía civil, garante de la seguridad ciudadana y las libertades democráticas.

Los cuerpos de seguridad de la dictadura, la Policía Armada (PA) y la Guardia Civil (GC), estaban inspirados en el ejército franquista en sus valores, estructura y comportamientos hasta el punto de que no existía una separación nítida entre ejército y policía. De la misma manera que el ejército se orientaba no tanto a la defensa del territorio frente a un ataque exterior como al control de la población y del enemigo interior, las fuerzas policiales dejaban la persecución de la delincuencia en un segundo plano para concentrarse en la represión de cualquier actividad política o social contraria al régimen.

Tanto la PA como la GC tenían estructura y organización militar, si bien la primera no estaba integrada en las fuerzas armadas. La Policía Armada, dirigida por oficiales del ejército de tierra, asumió la función de impedir las manifestaciones en la etapa final de la dictadura, por lo que sus efectivos crecieron en 1975 de 30.000 a 50.000 hombres. La Guardia Civil -que contaba al inicio de la transición con algo más de 60.000 efectivos- centraba su actividad en el medio rural y las poblaciones pequeñas. Se trataba de una institución completamente militarizada, aislada de la sociedad (en residencias segregadas denominadas “casas cuartel”), con una fuerte endogamia y con la obediencia ciega como seña de identidad.

saenz de tantamaria

El general franquista de origen falangista afirmó que en 1976 Las manifestaciones solían ser disueltas a tiro limpio. Su hija Soraya ha sido ministra con el PP. Más info abajo.

El general Saénz de Santa María refiriéndose al año 1976 afirma en su biografía autorizada que “tanto la policía como la Guardia Civil apretaban el gatillo con bastante facilidad. Las manifestaciones solían ser disueltas a tiro limpio y era muy frecuente que acabasen con las calles ensangrentadas […] La policía armada no estaba preparada para mantener el orden en las manifestaciones sino para reprimirlas”.

Los mandos de la PA (provenientes de la academia militar) y los de la GC (salidos de la academia especial de este cuerpo) recibían una formación similar, centrada en la lucha contra la disidencia política más que en la persecución de la delincuencia. Su doctrina se basaba en la identificación de los cuerpos policiales con la dictadura y concebían las manifestaciones como instrumento de “terrorismo y subversión”. Los partidos de izquierda -legales desde 1977- eran considerados como enemigos de los Fuerzas de Orden Público.

La concreción de la reforma democrática de las fuerzas policiales fue un terreno de debate dentro de la izquierda. Las organizaciones radicales reclamaron la disolución de los cuerpos represivos de la dictadura y el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos, especialmente de los torturadores. Sin embargo, la reforma de las FOP franquistas se realizó sin depuraciones, manteniendo en sus puestos a todos sus efectivos, por medio de dos textos legales, la Constitución y la Ley de Policía.

En su artículo 104, la Constitución definía el papel que correspondía a los cuerpos de seguridad en un sistema democrático. Las FOP y el orden público desaparecían para ser sustituidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). Sus funciones no eran ya el mantenimiento del orden público (la represión) sino “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades” y “garantizar la seguridad ciudadana”. En la Constitución de 1978 el concepto de orden público era reemplazado por el de seguridad ciudadana.

La Ley de policía del 4.12.1978, aunque recogía la definición democrática de los cuerpos de seguridad establecida en la Constitución, mantenía algunas referencias al orden público en varios artículos. Esta norma legal establecía una policía separada en dos grupos. Por una parte el Cuerpo Superior de Policía, civil, formado por 9.000 personas, dedicadas a la investigación y a la dirección de las labores policiales. Por otra parte, la Policía Nacional, con estructura y organización militar, dirigida por oficiales del ejército de tierra, formada por los 50.000 hombres provenientes de la Policía Armada franquista, que incluía entre sus funciones el mantenimiento del orden público, como un residuo de la concepción represiva de las FOP de la dictadura.

Los límites de la democratización de los cuerpos policiales fueron importantes. Para López Garrido, durante todo el periodo de la transición, la Policía Nacional desarrolló una actividad de mantenimiento del orden público, es decir, de represión antidemocrática, en detrimento de las labores de apoyo a las investigaciones de Cuerpo Superior de Policía. Los cuerpos de seguridad mantuvieron su dinámica tradicional represiva, sin transformarse en profundidad para adaptarse al nuevo sistema democrático.

La concepción antidemocrática de los cuerpos policiales estuvo presente durante toda la transición en la academia de la Guardia Civil. Durante todo este periodo predominó la formación militar frente a la policial, primando el estudio del “terrorismo y la subversión” frente a la prevención de la delincuencia. La transformación de FOP represivas y antidemocráticas en FSE democráticas que promovió la Constitución y –con limitaciones- la Ley de Policía de marzo de 1978, no tuvo apenas reflejo en la enseñanza que recibieron los mandos de la guardia civil durante la transición.

La continuidad de la orientación represiva de las cuerpos policiales durante toda la transición, a pesar de las reformas democratizadoras introducidas por la Constitución y la Ley de Policía, explica el elevado número de muertes provocadas por la policía entre 1975 y 1982.

En su biografía autorizada el general Saénz de Santa María afirma que el nuevo cuerpo denominado Policía Nacional “continuaba sin asumir su condición de cuerpos de seguridad encargado de velar por el orden democrático. El cambio de nombre y de uniforme no había influido en sus métodos. Sus intervenciones seguían guiadas por el abuso de la violencia, la proclividad a apretar los gatillos y a manejar las bombas de humo y las bombas con una contundencia innecesaria”.

 

3) Transición política y depuración del aparato de Estado franquista

Una de las consecuencias de que la ruptura democrática fuera sustituida por una reforma de la dictadura fue la pervivencia del aparato de Estado franquista, incluido el ejército y los cuerpos represivos. No hubo juicios, comisiones de la verdad ni depuraciones en relación con las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, que incluían torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y robo de niños. La mayoría de los autores coinciden en señalar que, además, se produjo un pacto de silencio entre las principales fuerzas políticas de la oposición y los reformistas de la dictadura para garantizar que los crímenes contra la humanidad del franquismo quedaran fuera del debate político.

La ausencia de medidas de justicia política y el pacto de silencio o ausencia de debate público en torno a ellas, constituye una peculiaridad de la transición española. Los sectores reformistas de la dictadura suscribieron este acuerdo por motivos evidentes: una parte de sus integrantes estaban implicados directamente en las violaciones de derechos humanos y la totalidad de ellos eran sus beneficiarios políticos. Las razones que llevaron a la oposición a aceptar la impunidad y el silencio son más complejas. Como señala Aguilar, la oposición democrática moderada (incluido el PCE) centró sus reivindicaciones en la amnistía y la supresión de las jurisdicciones especiales (TOP). La disolución de los cuerpos represivos, el juicio y el castigo a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la devolución del patrimonio expoliado por los franquistas a particulares, fueron dejados de lado. En la base de esta posición se encontraba la política de “Reconciliación Nacional” diseñada por el PCE en 1956.

25-Abril-1974

25 abril 1974: Revolución de los claveles en Portugal, donde hubo ruptura democrática y se depuraron los cuerpos represivos de la dictadura.

En Portugal, el proceso revolucionario iniciado en 1974 dio lugar a la depuración de militares y policías responsables de la represión durante la dictadura. A diferencia de lo ocurrido en España, el programa del Movimento das Forças Armadas (MFA) incluía la depuración de estos cuerpos represivos, unas medidas que fueron aprobadas por decreto ley el mismo 25 de abril. A los pocos días se producía el pase a la reserva de los militares comprometidos con la dictadura de Salazar y el ingreso en prisión del antiguo director general adjunto de la policía política lusa.

En España las reivindicaciones de justicia política estuvieron ausentes de las grandes movilizaciones obreras, ciudadanas y estudiantiles. Incluso en las escasas convocatorias con contenido explícitamente rupturista (en Madrid, las principales fueron la manifestación del 20 de enero de 1976 y la huelga general de noviembre del mismo año) no aparecieron exigencias en este sentido, al igual que tampoco se incluían en los manifiestos de los organismos unitarios que actuaban en Madrid (Junta Democrática, Plataforma de Convergencia Democrática, Coordinación, Plataforma de Organismos Democráticos). En el País Vasco, la exigencia de disolución de los cuerpos represivos sí estuvo presente en las plataformas unitarias de la oposición democrática.

El tribunal encargado de perseguir a los opositores a la dictadura, el Tribunal de Orden Público, se transformó en enero de 1977 en Audiencia Nacional, que continuó instruyendo y juzgando las causas abiertas por el TOP contra los opositores a la dictadura. Aguilar plantea que no hubo “apelaciones drásticas a favor del enjuiciamiento y depuración de los jueces que habían servido bajo el régimen autoritario”. Esta afirmación debe matizarse. Efectivamente, la izquierda moderada y mayoritaria (PCE y PSOE) renunció a exigir la depuración del aparato judicial franquista, ni tan siquiera de los jueces responsables de la persecución de la disidencia política. Cierto es también que las plataformas unitarias de la oposición democrática muy pronto dejaron de reivindicar la democratización del aparato de Estado, a excepción de las plataformas de la oposición democrática en el País Vasco. Sin embargo, en Madrid, fueron varias las organizaciones sociales y políticas que defendieron estas reivindicaciones democráticas abandonadas por los grupos mayoritarios de la oposición. Entre ellas, la mayoría de los partidos de la izquierda radical.

 

4) Violencia política estatal entre 1975 y 1977

En esta primera fase de la transición, entre 1975 y 1977, la violencia principal era la de la policía en la represión de actividades políticas y en menor media en la persecución del delito. El número de personas que perdieron la vida a causa de las actuaciones de los cuerpos represivos se mantuvo constante, con 26-27 muertes al año entre 1975 y 1977. La mayoría de estos fallecimientos se producían al reprimir actividades políticas como manifestaciones, realización de pintadas, asambleas… y el resto por “gatillo fácil”, situaciones sin riesgo para la integridad de la policía en la que ésta hacía uso de sus armas de fuego.

Un ejemplo de las actuaciones de gatillo fácil se produjo en la madrugada del 29.10.1976. Esa noche, el joven de 16 años Javier Cano Gil murió a causa de un disparo realizado por la policía, mientras estaba en un coche estacionado junto a otras tres personas. Ninguna de las cuatro personas del vehículo tiroteado estaba armada. Las Comunidades Cristianas Populares denunciaron la muerte del joven vecino del Paseo de Extremadura “en circunstancias que no la exigían”, que consideraban una más de tantas en situaciones similares.

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Cuadro 1

1975, 1976, 1977

Gatillo fácil: 4, 11,  6

Represión política:  22,  15,  20

Tortura: 1,  0,  0

Total víctimas policía: 27,  26,  26

Extrema derecha/Terrorismo de Estado: 6,  5,  10

Total víctimas de la violencia política estatal: 33, 31, 36

Cuadro 1 Víctimas mortales de la violencia política estatal en España entre 1975 y 1977. Datos recogidos por el autor a partir de documentación y prensa de organizaciones de la izquierda radical y prensa generalista.

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La práctica de la tortura, aplicada sistemáticamente a los detenidos por motivos políticos o sociales durante la dictadura en prisiones, comisarías y cuartelillos fue otra constante en esta etapa. Justicia Democrática afirmaba en 1978 que era de dominio común que “practicaba la violencia para obtener la declaración de los detenidos” aunque estas prácticas estuvieran tipificadas como delito en el código penal. Los informes de Amnistía Internacional (AI) realizados en 1973, 1975, 1976 y 1979 confirman estas afirmaciones. En su informe de 1975, AI denunciaba el empleo masivo de la tortura a detenidos en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil. La organización defensora de los derechos humanos destacaba la participación de médicos en las sesiones de tortura para hacer ésta más efectiva y señalaba que la prohibición de los malos tratos en la legislación franquista no impedía que éstos se perpetraran. En un documento anterior, la organización internacional afirmaba que en las cárceles, las torturas a los presos por parte de sus guardianes eran habituales y que en ocasiones llegaban hasta la muerte. En su informe de 1976, AI afirmaba que tras la muerte Franco la tortura se seguía practicando de manera habitual, que sólo se investigaba una mínima parte de las denuncias de malos tratos y que los pocos casos que llegaban a los tribunales eran tratados con indulgencia. Cuatro años después, la organización de defensa de los derechos humanos publicaba un nuevo informe en el que confirmaba la continuidad de la práctica de la tortura a las personas detenidas por parte de la policía. El organismo internacional afirmaba que “a pesar de las disposiciones de la legislación española que prohíben el maltrato o la tortura de los detenidos” no se habían tomado medidas efectivas, ni los fiscales habían emprendido los procesos correspondientes.

En 1976 salieron a la luz pública algunos casos de torturas. El gobierno de la dictadura presidido por Arias declaró materia reservada la información sobre esta práctica ilegal pero sistemática. Justicia Democrática denunció la responsabilidad del gobierno en la práctica de los malos tratos y exigió juicio y castigo para los responsables.

Mientras el gobierno trataba de impedir que se difundiera la práctica de los malos tratos por parte de los cuerpos represivos, los responsables policiales declaraban que la tortura simplemente no existía, que se trataba de una estrategia de los detenidos, que se autolesionaban. Uno de los mandos policiales que realizó declaraciones en este sentido fue inspector Manuel Matute, que torturó hasta la muerte al trabajador Antonio González Ramos en Tenerife, detenido por motivos políticos.

77._Antonio_Gonzalez_Ramos._Militante_comunista_torturado_y_asesinado_en_S.C._Tenerife_en_1975

Antonio González Ramos muere en la comisaría donde el policía torturador Manuel Matute lo torturó hasta la muerte.

Además de la represión policial (malos tratos, palizas, asesinatos) los sectores movilizados contra la dictadura debieron enfrentarse a otros dos grupos de naturaleza distinta, pero vinculadas entre sí y relacionadas a su vez, con la actividad policial: las bandas ultraderechistas y el terrorismo de Estado. Los ejecutores eran compartidos en numerosas ocasiones, las víctimas también eran las mismas. La diferenciación entre terrorismo de Estado y acciones de grupos ultraderechistas reside en si los atentados eran fruto de una decisión tomada por una estructura creada y dirigida por el gobierno (terrorismo de Estado) o si por el contrario respondían a una actuación autónoma de sectores ultraderechistas. En ambos casos las vinculaciones con los cuerpos represivos eran estrechas, por lo que puede considerarse que represión policial, atentados ultraderechistas y terrorismo de Estado eran distintas manifestaciones de una misma estrategia dirigida a combatir a quienes cuestionaban el proceso de reforma de la dictadura y se oponían a los límites a la voluntad popular establecidos por la reforma.

En esta primera etapa de la transición, la actividad de los grupos organizados por el gobierno (principalmente Triple A, Batallón Vasco Español, Anti Terrorismo ETA y Guerrilleros de Cristo Rey) estaba estrechamente relacionada con la ultraderecha y con los cuerpos represivos. Sus acciones más comunes eran los ataques con pistolas, bates y cadenas a movilizaciones, asambleas y actos organizados por la oposición, aunque también realizaron atentados selectivos. En 1976 causaron 5 muertos y en 1977, 10.

La planificación y diseño de los atentados del terrorismo mercenario organizado por el gobierno, estaba a cargo del SECED (servicio de información militar creado por el presidente de la dictadura Carrero Blanco y dirigido en su última etapa por Andrés Casinello) y la Brigada Central de Información de la Policía, liderada por el comisario Conesa y su brazo derecho, Antonio Pacheco, “Billy el Niño”. En 1976, Conesa fue relevado por Manuel Ballesteros.

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El comisario Conesa, director de la Brigada Político Social y brutal torturador. Su mano derecha fue Billy el Niño. En 1977, Rodolfo Martín Villa, ministro de Suárez le concedió la correspondiente medalla por sus “méritos”.

‘Diario 16’ acusa de torturador a Roberto Conesa, querella Martín Villa.  1977

El ministerio y la fiscalía se querellaron en 1977 contra ‘Diario 16’ por acusar en artículos de Gregorio Morán al jefe de la lucha antiterrorista Roberto Conesa de haber sido un torturador durante el franquismo.

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Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
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2 respostes a Las otras víctimas de una transición nada pacífica (I)

  1. Retroenllaç: Las otras víctimas de una transición nada pacífica (II) | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

  2. Retroenllaç: Com pretenen enganyar-nos! Tortures, silencis i mentides. | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

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